Javier Casas

“Hay que cambiar las normas, pero también la mentalidad”

Integró la unidad de investigación de El Comercio que develó la fábrica de firmas de Fujimori, trabajo acreedor del premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Periodismo en profundidad. Actualmente es jefe de la Oficina de acceso a la información pública en el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

¿Por qué la negativa a brindar información pública?
Yo diría que hay normas que cambiar, pero también hay mentalidad que cambiar, que es más importante.

¿Se han creado mecanismos para facilitar el acceso a la información?
Sí, la ley de Acceso a la información, de 2002, establece un procedimiento general que debe ser incorporado en las entidades públicas.

¿Qué tanto se cumple?
Si bien muchas entidades lo han incorporado, muchas de ellas no tienen la capacidad de responder a los pedidos de información que la ley establece.

¿Existe en el país alguna entidad que garantice el acceso a la información pública?
No lo hay. El derecho a la información está garantizado a través de la llamada Acción de Habeas Data que se presenta ante un juez.

¿Es diferente en otros países?
La experiencia más interesante, en Latinoamérica, es la mexicana. Ellos crearon el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un órgano de la administración pública encargado exclusivamente de garantizar este derecho.

Existen vistas de implementar algo similar en el Perú
No. Lo que se ha hecho, en la práctica, es designar a una persona que ya tiene cientos de responsabilidades. En consecuencia, pierde peso.

¿Cómo se ha tratado el acceso a la información en los últimos gobiernos?
En general ha habido una apertura. Ya no se percibe la direccionalidad de la época de Fujimori. Ahora hay una sensación de pandemonio. Cada entidad se adecua a las reglas de transparencia de acuerdo a su propia manera de entender, que es un modo bastante básico.

La transparencia ha cobrado importancia en los órganos de administración pública, pero subsisten problemas. Por ejemplo, el año pasado se denunció que los gobiernos regionales no actualizaban el área de transparencia económica de sus páginas web. ¿Esto denota miedo a la fiscalización?
Puede llamarse miedo a la fiscalización, pero puede llamarse también falta de recursos.

Pero curiosamente, hecha la denuncia, muchos gobiernos regionales actualizaron sus sitios web al día o a la semana siguiente.
Lo que pasa es que mientras no se pueda crear una suerte de corriente de fiscalización en la sociedad civil, las entidades difícilmente van a hacer más de lo que se les exige legalmente.

¿No existe un interés de la sociedad civil por fiscalizar?
Yo creo que, en general, no. La sociedad civil entiende que esto debe hacerse a través de los medios de comunicación.

Esto nos coloca en manos de los medios
En todo el mundo es así. Los intermediarios entre la cosa pública y la sociedad civil son los medios. Es la razón de existir de los medios.

Usted decía que estos escándalos mediáticos pueden funcionar como una especie de selección natural para los corruptos.
Un periodista francés llegó a la conclusión de que los corruptos que ya tienen que salir del “mercado” son expulsados por otros que siembran pruebas sobre los delitos que han cometido los antiguos corruptos para que sean denunciados públicamente y empiece el reinado de los nuevos corruptos.

¿Siguiendo esta tesis cree que el gobierno actual es más corrupto que el anterior?
Creo que es una corrupción distinta. La corrupción de Fujimori era más inteligente.

¿Qué se viene: una corrupción mayor, una corrupción inteligente o el retorno de las anteriores?
Es difícil decirlo. En un país en el cual que los recursos están concentrados en pocas manos, yo creo que los corruptos de Fujimori son los mismos de este gobierno y van a ser los mismos en el siguiente.

Entonces, los gobiernos van y vienen, pero los corruptos quedan.
Efectivamente.

Publicado en Punto.edu. Año 1, número 4